Vista de cerca, la transición democrática tunecina pierde lustre, tamizada por el malestar de amplias capas de la población. A pesar de haber superado con éxito las fases más críticas —incluidas la celebración de tres elecciones libres, la aprobación de una nueva Constitución y un traspaso de poder pacífico entre adversarios—, hito por el que su sociedad civil recibió el Nobel de la Paz en 2015, sus problemas se han enquistado. Seis años y medio después de la revolución popular que echó al dictador, Túnez todavía no ha recuperado un crecimiento económico robusto, tampoco ha reducido la enorme brecha que separa las regiones ricas de las pobres, ni ha neutralizado la corrupción endémica heredada del régimen de Ben Alí. La decepción se palpa en el aire.
“Este es un Gobierno que se dedica a ir apagando fuegos. No existe un verdadero proyecto de futuro”, lamenta Rachid Khechana, exdirector de Mawqif, único periódico opositor en la era de Ben Ali. Las últimas elecciones, en 2014, estuvieron marcadas por una fuerte crispación en torno a un eje bipartidista: el partido islamista Ennahda frente a su némesis, Nidá Tunis. Estos últimos obtuvieron una ajustada victoria, lejos de la mayoría absoluta. Presionados por la comunidad internacional, que temía una réplica del golpe y la contrarrevolución de Egipto en versión magrebí, los adversarios fumaron la pipa de la paz y sellaron un Gobierno de gran coalición, apuntalado por otros partidos menores.
“El pacto entre Nidá y Ennahda fue positivo para calmar la tensión entre islamistas y laicos, pero ahora no ayuda a superar el bloqueo institucional”, sostiene Moez Hassayoun, director del think tank Joussour. La carencia de una visión compartida no solo afecta la política económica o la social, sino incluso la creación de varias instituciones clave. Por ejemplo, el país todavía no cuenta con un Tribunal Constitucional, ni se han podido celebrar de momento las primeras elecciones municipales democráticas, retrasadas ya un año y medio. Encima, Chafik Sarsar, presidente de la modélica Junta Electoral que organizó los pasados comicios, ha dimitido debido a interferencias políticas en la institución que no le permiten, afirma, “garantizar la limpieza de las futuras elecciones”.
Las dificultades para aprobar el proyecto de ley de Reconciliación Económica, presentado en abril por tercera vez por el presidente Caïd Essebsi, del laico Nidá Tunis, ha puesto de nuevo en evidencia la debilidad del Ejecutivo. La iniciativa crearía un mecanismo paralelo a la justicia establecida para indultar, a cambio de una multa, a funcionarios y empresarios que practicaron la corrupción durante la dictadura de Ben Alí. Mientras el islamista Ennahda duda, los partidos de izquierda y la sociedad civil han puesto el grito al cielo, y ya han organizado varias concurridas manifestaciones en la capital. Desde su punto de vista, se trata de una amnistía encubierta para la élite vinculada al antiguo régimen, cobijada en el seno de Nidá Tunis.
Ahora bien, el epicentro contestatario se halla lejos de la capital, en las regiones marginadas del centro y sur del país, cuyo subsuelo alberga los escasos recursos minerales de Túnez, si bien apenas se benefician de ello. Es allí donde tuvieron lugar la mayoría de las cerca de 1.500 protestas sociales registradas el último mes. En la región sureña de Tatauín, centenares de jóvenes desempleados intentaron ocupar un recinto petrolero después de semanas de acampada pacífica. El Ejército, desplegado recientemente, lo evitó por la fuerza. En la batalla campal, falleció un manifestante y decenas resultaron heridos. Finalmente, y después de que los manifestantes lograran frenar la producción bloqueando las vías de comunicación, el Gobierno cedió y aceptó un acuerdo para emplear a cientos de jóvenes de forma inmediata.
Justo el día después de los enfrentamientos en Tatauín, que amenazaban con propagarse por todo el país como sucedió con la explosión social de enero del año pasado, el Gobierno lanzó una campaña de arrestos contra una decena de empresarios vinculados al contrabando y proclamó una cruzada contra la corrupción, todavía rampante. Entre los detenidos, alguna figura conocida, como Chafik Jarraya, un mafioso que había osado retar al primer ministro frente a las cámaras de televisión.
Según algunos observadores, el Ejecutivo por fin ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad. Para otros, se trata solo de una bomba de humo para desviar la atención. Una espesa bruma de confusión y frustración cubre el panorama político tunecino, al que las erupciones violentas que sacuden el mundo árabe han hecho un poco más soportable. En su camino hacia la democracia plena, la considerada modélica transición árabe ha encallado.
La globalización está llena de insondables misterios. En teoría, podría favorecer la adopción de políticas progresistas, pero en la práctica está apuntalando un nacionalismo económico regresivo. Y muchos confiaban en que la libertad comercial impulsara las libertades democráticas, pero parece que las está socavando.
Al principio, se creyó que los Gobiernos, a cambio de exponer a trabajadores y empresas a la competencia internacional, montarían sistemas sofisticados de protección social. Pero, por el contrario, hoy la globalización es utilizada por muchos Gobiernos como justificación para su inacción. Si ampliamos las políticas sociales, dicen, el país perderá competitividad. Por ello, los trabajadores de las economías más globalizadas han abandonado a sus defensores tradicionales —sobre todo, los socialdemócratas— por nuevos partidos que prometen la que parece la única alternativa política en estos momentos: el nacionalismo proteccionista.
La globalización también está minando la legitimidad de los sistemas democráticos. La ironía es que, a nivel agregado, la exposición a los intercambios globales lleva a una mayor satisfacción ciudadana con la democracia; pero, cuando miramos los datos con lupa, lo que emerge es una creciente fractura dentro de cada país. Aquellos ciudadanos que se consideran ganadores de la globalización tienen unos valores cada vez más democráticos y tolerantes. Y aquellos que se sienten perdedores adoptan posturas más tradicionales y autoritarias.
La globalización se ha convertido en un monstruo útil para todos. Quienes rigen el destino de un país encuentran conveniente azuzar el miedo a un dragón terrible que nos devorará a todos si no le entregamos a las doncellas —o a los trabajadores industriales— del lugar. Y quienes quieren gobernarlo en el futuro necesitan un fiero enemigo para presentarse como san Jorges.
Ni unos ni otros nos salvarán, porque el verdadero monstruo no viene de fuera, sino de dentro de las fronteras: nuestra incapacidad para construir consensos multipartidistas que revitalicen el Estado de bienestar y la democracia. @VictorLapuente
El ser humano siempre se ha globalizado y ha estado en permanente revolución tecnológica. Pero desde 1980, cuando China abandonó la planificación comunista y volvió al comercio mundial, el mundo ha vivido un proceso de integración económica muy intenso. Y la revolución de las comunicaciones, especialmente Internet, del transporte y de la energía han favorecido el proceso.
En estos 35 años el mundo ha registrado el periodo de mayor progreso humano de la historia. La renta por habitante mundial se ha doblado, la pobreza extrema ha bajado del 40% al 10% de la población, el analfabetismo se ha reducido del 50% al 15% de la población mundial —especialmente en las mujeres— y el número de muertos en guerras ha registrado mínimos históricos. Los emergentes han recuperado su lugar en el reparto de la renta mundial, especialmente en Asia, Europa del Este y América Latina. En África, la pobreza extrema también se ha reducido del 60% al 40%, aunque aún queda mucho por hacer.
Pero el crecimiento ha sido muy desequilibrado. Como sucedió en los países hoy desarrollados, el crecimiento chino ha sido muy ineficiente en el uso de la energía y muy contaminante, y las emisiones de dióxido de carbono casi se han doblado. La deuda total sobre el PIB mundial se ha duplicado desde que comenzó el nuevo milenio —también en China— y el reparto de la renta ha sido muy desigual en los países desarrollados, y en mayor medida también en China.
La crisis económica y la desigualdad han generado desafección política, principalmente de los jóvenes, que han visto frustradas sus expectativas. Por eso es necesario que la economía mundial se dirija hacia una senda de desarrollo sostenible social y ambientalmente para frenar no solo esa desafección social, sino también el avance del cambio climático. Ambos problemas son las principales limitaciones para continuar progresando durante las próximas décadas.
España ha sido el país que más se ha aprovechado de la globalización y la revolución tecnológica
Hay tres opciones políticas para afrontar estos retos. El laissez faire(opción conservadora de no hacer nada), el comunismo y la socialdemocracia. El comunismo ha aumentado la pobreza y la contaminación en todos los países donde se ha implementado. El laissez faire ha sido el paradigma del crecimiento desequilibrado mundial desde 1980. Como nos enseñaron los economistas suecos Heckscher y Ohlin, cuando dos países se integran se especializan en el bien más intensivo, ya que es en el que tienen ventaja comparativa. China tenía salarios baratos y aumentó su peso en los salarios mundiales, y los países desarrollados exportamos bienes intensivos en capital. Por eso, el peso de los salarios en el PIB de estos países ha caído.
La revolución tecnológica en sus primeras fases también aumenta el peso del capital en la distribución de la renta. Y las emisiones son una externalidad que no se incorpora a los costes y no se incluye en las decisiones. Por tanto, no hacer nada ha facilitado el aumento de la desigualdad y las emisiones contaminantes que aceleran el cambio climático e hipotecan el futuro de las próximas generaciones.
Los socialistas españoles, en nuestra ponencia económica, proponemos democratizar la globalización y más y mejor Europa, convencidos de que el modelo de democracia social europeo es más necesario que nunca en la economía mundial. Es falso, como dicen Trump y Le Pen, que la globalización y la tecnología han destruido empleo porque este, en países desarrollados, ha aumentado desde 1980.
España ha sido el país que más se ha aprovechado de la globalización y la revolución tecnológica. Desde 1980, tenemos democracia, libertad y más derechos civiles; hemos doblado el empleo no agrícola, hemos cuadruplicado nuestra renta por habitante, hemos reducido la desigualdad, hemos triplicado el gasto social por habitante y hemos erradicado el analfabetismo. Pero, eso sí, hemos triplicado nuestro endeudamiento y hemos aumentado significativamente nuestro nivel de emisiones.
España supone el 0,5% de la población mundial, pero tras la salida que ha iniciado Reino Unido somos el 10% de la población de la Unión Europea y el cuarto país en peso político y económico. Sin nuestra entrada como miembro de pleno derecho en el proyecto europeo no sería posible explicar el progreso que ha tenido la sociedad española. Europa ha sido nuestro referente de democracia, de bienestar y de desarrollo institucional.
Queremos regular mejor los mercados financieros y más coordinación de políticas económicas
En los últimos 15 años la derecha ha tenido mayoría en el Parlamento y en el Consejo y el proyecto europeo ha dejado de avanzar. Nuestra ponencia es un proyecto de España en Europa y de Europa en el mundo. Queremos una mejor regulación de los mercados financieros y más coordinación de políticas económicas para reducir la extrema volatilidad de los flujos financieros y no repetir los errores que provocaron la Gran Recesión. Queremos seguir avanzando en la transparencia y regulación de los paraísos fiscales. Desarrollar los derechos laborales para acabar con la precariedad y el trabajo infantil en el mundo. Avanzar en las Cumbres del Clima para reducir el nivel de emisiones y dejar a las futuras generaciones un pequeño planeta Tierra sostenible.
Queremos que el Parlamento y la Comisión Europea puedan aprobar un plan de estímulo fiscal sin la aprobación de los Estados miembros para reducir la tasa de paro, especialmente juvenil. Queremos un seguro de desempleo común y políticas activas comunes. Queremos desarrollar el programa Erasmus y que nuestros estudiantes y profesores puedan estudiar y dar clases en todas las universidades europeas con igualdad de oportunidades. Queremos crear una unión de investigación e innovación para crear empleos de calidad en la era de la tecnología global, especialmente para avanzar en la transición energética, la reducción de emisiones y en economía circular por solidaridad intergeneracional. Una oportunidad para crear empleos de calidad aprovechando nuestro liderazgo de investigación y tecnológico.
Queremos que Europa recupere peso en el tablero mundial, que tenga más influencia en Naciones Unidas para contrarrestar a Trump, que seamos más respetados en Asia y en América Latina, donde los españoles somos los principales embajadores europeos, y también en África, un continente que comienza a amanecer, como hizo Asia en los años ochenta, pero que sigue teniendo una pobreza extrema inmoral y es el más afectado por la desertización, el cambio climático y la escasez de agua.
Como nos enseñó François Quesnay y la escuela fisiócrata, para comprender las partes es necesario analizar el todo. Por eso, de nuevo Europa, lejos de ser el problema, debe volver a ser la solución.
José Carlos Díez es coordinador de la ponencia económica del PSOE.
El mundo entero celebra la revolución democrática de Túnez, que ha desencadenado una cascada de acontecimientos en otras partes de la región -en particular en Egipto- con consecuencias incalculables. Los ojos del mundo están puestos ahora en ese pequeño país de 10 millones de habitantes para aprovechar las enseñanzas que se desprendan de su reciente experiencia y ver si los jóvenes que derribaron a un autócrata corrupto pueden crear una democracia estable y que funcione.
En primer lugar, las enseñanzas. Para empezar, no basta con que los Gobiernos contribuyan a un crecimiento suficiente. Al fin y al cabo, el PIB creció un 5%, aproximadamente, en Túnez a lo largo de los 20 últimos años, y se citaba con frecuencia a ese país porque podía alardear de una de las economías con mejores resultados, en particular dentro de esa región.
Lo importante es que haya una sensación de equidad y juego limpio
La democracia en EE UU ha ido acompañada de una gran desigualdad
La comunidad internacional tiene el deber de prestar asistencia a Túnez
Tampoco es suficiente seguir los dictados de los mercados financieros internacionales: así se pueden conseguir buenas calificaciones de los bonos y agradar a los inversores internacionales, pero eso no significa que aumente la creación de puestos de trabajo o el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos. De hecho, en el periodo anterior a la crisis de 2008 resultó evidente la falibilidad del mercado de bonos y de las agencias de calificación. Que ahora no vean con buenos ojos el paso de Túnez del autoritarismo a la democracia no redunda en su crédito... y no se debería olvidar nunca.
Ni siquiera basta que se imparta una buena educación. En todo el mundo, los países están esforzándose por crear puestos de trabajo para quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral. Sin embargo, un elevado desempleo y una corrupción omnipresente constituyen una combinación explosiva. Los estudios económicos muestran que lo verdaderamente importante de los resultados de un país es que haya una sensación de equidad y juego limpio.
Si en un mundo con escasez de puestos de trabajo, quienes tienen conexiones políticas los consiguen, y si en un mundo de riqueza limitada, los funcionarios gubernamentales acumulan masas de dinero, el sistema inspirará indignación ante semejantes iniquidades y contra los perpetradores de esos delitos. La indignación contra los bancos de Occidente es una versión más suave de la misma exigencia básica de justicia económica que vimos por primera vez en Túnez y ahora en toda la región.
Pese a las virtudes de la democracia -que, como ha demostrado lo sucedido en Túnez, es mucho mejor que la opción opuesta-, debemos recordar los fallos de quienes se declaran partidarios de ella, porque la democracia es algo más que elecciones periódicas, aun cuando se celebren de forma justa. La democracia en EE UU, por ejemplo, ha ido acompañada de una desigualdad cada vez mayor, hasta el punto de que el 1% superior recibe una cuarta parte, aproximadamente, de la renta nacional... y la riqueza está distribuida de forma aún más inequitativa.
De hecho, la mayoría de los estadounidenses están económicamente peor que hace un decenio, pues casi todos los beneficios del crecimiento económico acaban en manos de quienes se encuentran en la cima de la renta y de la distribución de la riqueza, y el resultado de la corrupción al estilo americano puede representar regalos de miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas, la compra de elecciones con contribuciones a gran escala a las campañas y reducciones de impuestos para los millonarios, mientras que se reduce la asistencia médica para los pobres.
Además, en muchos países la democracia ha ido acompañada de luchas civiles, faccionalismo y Gobiernos con un funcionamiento deficiente. A ese respecto, lo sucedido en Túnez ha comenzado con una nota positiva: una sensación de cohesión nacional debida al logrado derrocamiento de un dictador que se había granjeado un aborrecimiento generalizado. Túnez debe esforzarse por mantener esa sensación de cohesión, que requiere un compromiso con la transparencia, la tolerancia y la proscripción de la exclusión, tanto política como económica.
La sensación de juego limpio requiere voz y voto, que solo se puede lograr mediante el diálogo público. Todo el mundo insiste en el Estado de derecho, pero importa mucho qué tipo de Estado de derecho se establezca, pues se pueden utilizar las leyes para garantizar la igualdad de oportunidades y la tolerancia o para mantener desigualdades y el poder de minorías dominantes.
Tal vez no pueda Túnez impedir que los intereses particulares se apropien de su Gobierno, pero, si sigue sin haber una financiación pública de las campañas electorales y no se aplican cortapisas a los grupos de presión y a las conexiones entre los sectores público y privado, no solo será posible esa desviación, sino que ocurrirá con seguridad. El compromiso de dar transparencia a las subastas de privatización y las licitaciones competitivas para la adjudicación de contratos públicos reduce el alcance del sistema de captación de rentas.
Hay que adquirir la capacidad para adoptar muchas medidas equilibradoras: un Gobierno demasiado poderoso podría violar los derechos de los ciudadanos, pero un Gobierno demasiado débil no podría adoptar las medidas colectivas necesarias para crear una sociedad próspera y no excluyente o para impedir que los débiles e indefensos sean víctimas de los poderosos agentes económicos privados. América Latina ha mostrado que los límites de los mandatos de quienes ocupan cargos políticos resultan problemáticos, pero también que la inexistencia de limitación de los mandatos es aún peor.
Así, pues, las constituciones deben ser flexibles. Consagrar modas en materia de política económica, como ha hecho la Unión Europea, cuyo banco central ha prestado atención exclusivamente a la inflación, es un error, pero ciertos derechos, políticos (libertad de religión, expresión y prensa) y económicos, deben estar absolutamente garantizados. Un buen comienzo para el debate de Túnez es el de decidir, al formular su nueva constitución, qué derechos va a reconocer, además de los consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Túnez ha tenido un comienzo asombrosamente bueno. Su pueblo ha actuado con determinación y seriedad al establecer un Gobierno provisional, cuando tunecinos de talento y acreditados se han apresurado a ofrecerse para servir a su país en esta crítica coyuntura. Serán los propios tunecinos quienes crearán el nuevo sistema, que habrá de indicar cómo podría ser una democracia del siglo XXI.
Por su parte, la comunidad internacional, que con tanta frecuencia ha apuntalado regímenes autoritarios en nombre de la estabilidad (o conforme al principio de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo") tiene claramente el deber de prestar la asistencia que Túnez necesite en los próximos meses y años.
Joseph E. Stiglitz es profesor en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía. © Project Syndicate 1995-2011.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de febrero de 2011
Túnez ha avanzado en un proceso de transición democrática único en el mundo árabe. Al mismo tiempo, el país se encuentra muy seriamente afectado por la violencia terrorista y registra elevados niveles de movilización yihadista. La muerte, el miércoles, de al menos 20 turistas extranjeros —entre ellos dos españoles— y tres tunecinos en el asalto llevado a cabo por varios hombres armados junto el Parlamento de Túnez y su posterior atrincheramiento con toma de rehenes en el cercano Museo del Bardo, constituyen una expresión de aquella violencia y de dicha movilización.
El número de atentados en Túnez se ha multiplicado extraordinariamente desde 2013. Más de la mitad fueron perpetrados contra militares, aunque policía y figuras o instituciones religiosas, al igual que ciudadanos cuya conducta no se acomoda al rigorismo exigido por los extremistas islámicos, son asimismo blancos habituales. Y es que se trata de una violencia perpetrada principalmente por Ansar al Sharia en Túnez (AST), aunque también por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que mantiene vínculos con AST, Al Morabitún y Okba bin Nafa, alineada con el Estado Islámico (EI).
Salafistas y yihadistas se han desenvuelto con mucha facilidad en Túnez. Una amnistía general después de derrocado el presidente Ben Alí permitió a muchos de los últimos salir de prisión. Sólo a mediados de 2013, tras el asesinato de dos importantes dirigentes de la oposición, los islamistas de Ennahda se distanciaron de AST y la designaron organización terrorista. Mientras, Túnez se convertía en el país donde la movilización yihadista relacionada con Siria e Irak alcanzaba mayores cotas. Hasta 3.000 tunecinos se han unido allí al EI o al Frente Al Nusra. Unos centenares han retornado. Otros se reubicaron con el EI en Libia.
Todo ello implica un serio potencial de desestabilización política y quiebra social en Túnez, aun cuando la mayoría de sus ciudadanos aceptan un ejercicio secularizado de la política y están a favor de la democracia. El turismo es de gran importancia para el desarrollo económico del país y por ende para la consolidación del nuevo régimen. Desde 2011 sólo se había producido un atentado contra intereses turísticos, en octubre de 2013 en Sousse, precisamente el primero de carácter suicida en el país desde el del 11 de abril de 2002, también con turistas como blanco, en Yerba.
Atentando contra el Parlamento y matando turistas, ahora que Túnez cuenta con un Gobierno de unidad en el que están presentes Nida Tunes —partido laico que ganó tanto los comicios parlamentarios del 26 de octubre de 2014 como los presidenciales del 21 de diciembre— y Ennahda, los yihadistas han dejado clara cuál es su estrategia inmediata. A las autoridades tunecinas compete responder adecuadamente a este desafío terrorista y a las europeas ofrecer su respaldo inequívoco en una tarea complicada y duradera.
Fernando Reinares es investigador principal en el Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.