Morir matando. El franquismo en crisis ante la violencia política, 1968-1977

Morir matando. El franquismo en crisis ante la violencia política, 1968-1977

Pau Casanellas Peñalver

La tesis que presentamos constituye una aproximación a la historia de la política estatal ante la violencia política en el período de crisis del franquismo, comprendido entre finales de los años sesenta y la consecución de la democracia parlamentaria. Aun siendo éste el principal objeto de análisis, el trabajo no se limita solamente a este aspecto. Así, se presta también una especial atención a las repercusiones de la represión estatal en el seno de las organizaciones armadas y a las consecuencias que de esa recepción se derivaron para el afianzamiento del conflicto armado. Asimismo, la equiparación entre oposición sociopolítica y lucha armada que a menudo hizo el franquismo obliga a que el trabajo tenga muy presente la represión como fenómeno general, así como su impacto sobre el antifranquismo y la movilización. En este último terreno, la mirada se centra especialmente al País Vasco, cuya realidad política y social se vio atravesada durante todo el período por la virulencia y la aparatosidad represivas. Tras los dos primeros atentados mortales de ETA, en junio y agosto de 1968, el franquismo volvió a situar la jurisdicción militar en el primer plano de la lucha contra la «subversión». Previamente, la proclamación del estado de excepción en Guipúzcoa había servido para constatar, como ya había sido la tónica de la política de orden público del régimen, que pocas diferenciaciones se hacían entre las organizaciones armadas y la movilización sociopolítica. En un contexto de creciente contestación, el régimen se veía obligado a volver atrás, a recuperar los métodos represivos que lo habían caracterizado en el pasado. Ese retroceso no era sino el reflejo de la crisis en que había entrado la dictadura; crisis que, a las alturas de 1969, era ya a todas luces evidente. La remodelación ministerial de ese año y el consiguiente enfrentamiento de los círculos del poder franquista entre sí eran la expresión -y no la causa- de esa crisis, de la dificultosa situación en la que había quedado anclado el régimen. Uno de los principales focos de preocupación para el franquismo fue el País Vasco, territorio que se destacó por su protagonismo en la conflictividad social. A esa circunstancia se sumaba ahora un fenómeno nuevo, la violencia política. Ésta preocupaba especialmente a la dictadura en la medida que expresaba una realidad de mucho mayor calado y extensión: el independentismo vasco. El potencial movilizador de la oposición vasca quedó perfectamente plasmado a raíz del intento del régimen de dar una reprimenda pública a ETA. Las diligencias abiertas contra algunos de los militantes de la organización abertzale en los años 1968-1969 culminaron en un sumarísimo en el que fueron encartadas dieciséis personas. El consejo de guerra contra ellos celebrado en Burgos en diciembre de 1970, sin embargo, acabó convirtiéndose en un «proceso al franquismo». La espectacular movilización y las múltiples muestras de protesta que levantó el juicio obligaron al régimen no solamente a conmutar las penas de muerte dictadas contra seis de los encausados, sino a hacer un «autoexamen» legislativo. En noviembre de 1971, dos nuevas leyes de reforma del Código Penal y del Código de Justicia Militar en materia de «terrorismo» moderaron el peso de la jurisdicción militar en el conocimiento de aquellos delitos que quedaban en el ámbito de lo estrictamente político. Sin embargo, el peso del pasado y las ansias represoras de la dictadura hicieron que se tratara de una reforma a medias, y que el fuero castrense mantuviera un notable protagonismo. En los años siguientes, paralelamente a la reorganización y robustecimiento de ETA(V), el franquismo ensayó una nueva respuesta contra la organización armada, combatida con prácticas cada vez más aparatosas. Ello contribuyó al afianzamiento de una «espiral» que tuvo uno de sus momentos álgidos en la muerte a tiros del líder del Frente Militar de ETA(V), Txikia, en abril de 1973, y su culminación -y punto de difícil retorno- en el atentado de la cafetería Rolando, cercana a la madrileña Puerta del Sol, en septiembre de 1974. Se asentaron en ese período las pautas que marcarían la relación entre ETA y el régimen en los años siguientes: tanto los aparatos del Estado como la organización abertzale dieron un paso adelante, subieron un peldaño en su enfrentamiento, de manera que la muerte de militantes de ETA(V) a tiros de agentes policiales y los atentados mortales a cargo de la organización entraron a formar parte de la cotidianidad. Mientras tanto, crecía la preocupación de la dictadura por la progresiva pérdida de apoyos sociales que estaba sufriendo -especialmente en Euskadi-, lo que explica los esfuerzos de algunos sectores de la elite política franquista por recuperar el consenso que el régimen había concitado años atrás. Ante los pasos que el antifranquismo estaba dando en el País Vasco -en diciembre de 1974, por primera vez en varias décadas, una huelga general con carácter político sin ningún origen antirrepresivo concreto había tenido un seguimiento más que notorio-, y en un contexto de ofensiva armada por parte de ETA-pm, el régimen recrudeció su represión. El estado de excepción decretado en abril de 1975 en Guipúzcoa y Vizcaya y el Decreto ley sobre prevención del terrorismo del siguiente mes de agosto evidenciaron no la fuerza de la dictadura, sino su debilidad, sus temores ante la extensión del antifranquismo y la proliferación de la solidaridad con los procesados en consejos de guerra. Cinco de esos encausados (dos militantes etarras y tres del FRAP), serían fusilados en septiembre de ese año, poco antes de que Franco muriera. El fenecimiento del Caudillo en noviembre de 1975 abrió un nuevo ciclo movilizador en cuya gestación intervino tanto el nuevo contexto de oportunidades políticas abierto a su muerte, como la renovación de cerca de dos tercios de los convenios colectivos en toda España. Pese al indulto real promulgado por Juan Carlos, la amnistía se convertiría en los meses siguientes en una de las principales banderas de la oposición. Por otro lado, el mantenimiento de unos muy significativos niveles represivos, apenas diferenciados de los puestos en práctica en vida de Franco -sirvan como botón de muestra los cinco muertos de Vitoria, en marzo de 1976-, no harían otra cosa que avivar la protesta y reafirmar a las organizaciones armadas en su opción de lucha. Contra las dos ramas de ETA, los gobiernos del franquismo sin Franco no tuvieron ningún miramiento. Incluso cuando el gabinete Suárez entabló contactos de manera indirecta con ellas, lo hizo para dividirlas y debilitarlas. Por otra parte, el empuje de la movilización en el País Vasco obligó al ejecutivo español a ir ampliando progresivamente la amnistía parcial -en realidad, un nuevo indulto- de julio de 1976. En marzo del año siguiente, tras un repunte de los movimientos huelguísticos, fueron aprobadas nuevas medidas de gracia. Y en mayo, tras las espectaculares movilizaciones de la semana proamnistía convocada en el País Vasco -que dejó seis muertos en las calles, cinco de ellos a consecuencia de la acción de las fuerzas policiales-, el Gobierno accedió a excarcelar otros tantos presos vascos, aunque en muchos casos su excarcelación estaba sujeta al extrañamiento. Una vez celebradas las elecciones de junio de 1977, las dilaciones del nuevo Gobierno de la UCD

Carmen Molinero Ruiz

Universidad Autónoma de Barcelona en 2011

España

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