La sociedad china planta cara a la imposición del hijo único

Zhang Li -nombre ficticio- sólo puede tener un descendiente. Porque ni es hija única, ni campesina, ni divorciada. Y tampoco pertenece a una minoría étnica. Es una china han a la que se le debe aplicar la política del hijo único que se introdujo en el país a finales de la década de 1970. Pero dentro de unos días saldrá de cuentas y dará a luz a su segundo retoño. Espera que esta vez sea el varón que ansía toda su familia, y sabe que tendrá que pagar cara su osadía. Tendrá que abonar una multa abultada, acorde con su renta, y quizá sufra alguna otra amonestación. "No estamos seguros, pero nos han hablado de una sanción de 50.000 yuanes -unos 6.300 euros-". Después de varias triquiñuelas, sabe que ella es privilegiada y que el castigo no pasará de ahí.

Por eso, ayer leyó con una mezcla de terror y alivio lo que le sucedió el pasado día 2 a Feng Jianmei, cuando las autoridades chinas de la ciudad de Ankang, en la provincia central de Shaanxi, la abdujeron para obligarla a abortar. No importó que estuviese en el séptimo mes de la gestación -la ley china estipula que los abortos están prohibidos a partir del sexto-. Había que hacer cumplir la política de natalidad y a Feng, como a Zhang, no se le podía aplicar ninguno de los eximentes.

Pero a la joven de 22 años, que no pudo hacer frente a la multa de 40.000 yuanes -5.000 euros-, la sacaron con los ojos vendados del domicilio de un familiar, la obligaron a firmar un documento que no le dejaron leer, y le inyectaron un medicamente para que pariese a su hijo muerto. Es más, dejaron el feto ensangrentado junto a ella en la cama del hospital en el que se llevó a cabo la operación.

Las imágenes de Feng, tomadas y distribuidas por su cuñada, han provocado un nuevo estallido de ira en el ciberespacio chino, en el que la norma que regula la natalidad en el país más poblado del mundo está a menudo en el candelero. Hay quien ha comparado las fotografías con las de la masacre en Siria y, en esta ocasión, la presión en las redes sociales ha obligado al Gobierno a cambiar su versión inicial, en la que aseguraba que la interrupción del embarazo fue voluntaria. Además, tres funcionarios han sido cesados a la espera de que se les imponga un castigo más severo “por haber violado la normativa estatal y provincial en lo que respecta la planificación familiar”.

Pero el activista ciego Chen Guangcheng sabe bien que el de Feng no es un caso aislado. Él sacó a la luz lo que en los noventa -también el momento culminante del infanticidio- fue una práctica habitual: miles de mujeres de zonas rurales fueron forzadas a abortar o sufrieron esterilizaciones indeseadas. Muchas de ellas ni siquiera sabían a qué operación las estaban sometiendo. A Chen lo acallaron primero con la cárcel, luego estuvo bajo arresto domiciliario hasta que escapó a finales de abril, se refugió en la Embajada de Estados Unidos, y ahora vive exiliado al otro lado del Pacífico. Pero Feng ha demostrado que la práctica que combatió continúa viva.

Feng Jianmei, la mujer obligada a abortar en el séptimo mes de gestación.

 

Lo corroboran también médicos de la localidad de Liyang, el pueblo en el que reside Zhang. “El caso de Feng es extremo, pero nos consta que muchas parejas pobres son amenazadas o coaccionadas para que aborten”. La ley del hijo único ha evitado el nacimiento de 400 millones de personas que habrían aumentado la presión demográfica hasta niveles insostenibles, recalcan esas fuentes consultadas por EL PAÍS. Pero muchos consideran que la norma es injusta porque sólo se aplica a quienes no tienen recursos. Y Zhang está de acuerdo. “Para nosotros es un pellizco, pero podemos afrontar el pago”. No en vano, acaban de adquirir un chalé y un Mercedes, su segundo vehículo. “Tener un segundo hijo nos cuesta menos que un coche, y creo que es lógico que nosotros podamos tenerlo porque le daremos una vida mejor que la de los campesinos”, apostilla.

Aun así, Zhang ha hecho todo lo posible por reducir su factura. Teóricamente, la sanción se impone teniendo en cuenta la renta per cápita de los padres, generalmente entre tres y diez veces esa suma, y sirve de compensación por el costo extra que tiene para la sociedad una boca más. Pero, en la práctica, la cifra final queda en manos de los dirigentes locales y nadie sabe a ciencia cierta a dónde va a parar el dinero. El ‘hukou’ -una especie de permiso de residencia que diferencia a la población entre urbana y rural, y regula los movimientos migratorios internos- de Zhang pertenecía a Nanjing, la capital de la provincia oriental de Jiangsu. “En Nanjing no conocemos a nadie, así que allí la multa habría sido muy superior. Por eso mudé la residencia a Liyang cuando supe que estaba embarazada”, explica Zhang.

Además, el marido apretó las teclas del todopoderoso guanxi, como en China se conoce a las relaciones interpersonales que muchas veces caen sin rubor en el terreno de la corrupción. "Conocemos a algunos oficiales que nos han asegurado que no tomarán ninguna represalia contra nuestro negocio". Porque otra forma de presión suele ser la degradación, o incluso la pérdida del puesto de trabajo, en el caso de los funcionarios, o la derogación de licencias en el caso de empresarios privados. "Algunos amigos han tenido problemas con sus establecimientos después de tener su segundo o tercer hijo". Quizá por eso, Zhang trata de llevar su embarazo de la forma más discreta posible. De hecho, ni siquiera informó a sus familiares más cercanos hasta que se hizo demasiado evidente. "Hay mucho envidioso que podría delatarme y crearme problemas".

En un país que ya cuenta con más de cien millones de hijos únicos no hay más que visitar cualquier colegio de pago para encontrar hermanos. Los chinos son conscientes de esta injusticia, y casos como el de Zhang provocan la ira de una población cada vez más preocupada por cómo se ensancha la brecha que separa a pudientes y desheredados. El ejemplo más sonado ha sido el de una pareja de la ciudad sureña de Rui’an, que tuvo que desembolsar la cantidad récord 1,3 millones de yuanes -164.000 euros-, por mantener con vida a su segundo descendiente.

Y el pasado mes de diciembre un matrimonio con problemas de fertilidad dio la campanada después de que se filtraran las fotografías que habían tomado en un estudio a sus ocho hijos. La señora L. se había sometido a un tratamiento que le proporcionó trillizos, mientras que otras dos madres de alquiler -prohibidas en China- había alumbrado a otros dos y tres bebés más, respectivamente. Trascendieron el astronómico precio del servicio médico y los 12.000 euros al mes que el matrimonio destina a pagar a sus 11 niñeras. El Gobierno aseguró que también reclamaría su parte de un goloso pastel: según el Diario del Pueblo, en 2010 China ingresó 20.000 millones de yuanes -2.500 millones de euros- en multas relacionadas con la planificación familiar.

Además del revuelo lógico en un país cuya renta per cápita todavía no alcanza los 5.000 euros, muchos comienzan a debatir abiertamente sobre la necesidad de mantener en vigor una política que parece estar quedando obsoleta. Ciudades como Guangzhou y Shanghái han anunciado su interés por ampliar a dos el número de descendientes autorizados, aunque tras un rapapolvo del gobierno central han tenido que echar marcha atrás.

Muchos académicos se han sumado al cada vez más nutrido grupo de críticos y advierten del riesgo que conlleva para la pirámide poblacional no introducir más reformas. Se estima que en 2050 habrá cuatro personas de más de 65 años por cada diez que tengan entre 15 y 64, algo que podría resultar catastrófico para un país que carece de un sistema de seguridad social fuerte y que tradicionalmente ha basado su estabilidad económica en la institución de la familia. Porque los ‘pequeños emperadores’ tienen ahora a padres y abuelos que les dedican toda su atención, pero en el futuro recaerá sobre ellos el cuidado de sus mayores. Sin duda, Feng no podrá exigir mucho a la hija que ahora tiene 5 años. Pero Zhang pronto dará a luz otro pilar de su bienestar futuro.