China dejará de extraer órganos de presos ejecutados para trasplantes

A partir del 1 de enero China dejará por completo de utilizar para trasplantes órganos procedentes de presos ejecutados. Desde esa fecha, los órganos que se necesiten procederán exclusivamente de donaciones voluntarias de los ciudadanos, ha asegurado el exviceministro de Sanidad chino, Huang Jiefu, responsable del Comité Nacional de Donaciones de Órganos, en declaraciones en un seminario recogidas por los medios oficiales chinos.

Pese a la polémica que suscita, y las críticas que ha recibido de organizaciones internacionales, la práctica de extraer los órganos de los ejecutados está muy extendida en China, ante la falta de donaciones voluntarias. Cada año hay 300.000 pacientes en el país que necesitan un trasplante, pero apenas se practican 10.000 intervenciones, según explicó Huang.

La proporción de donantes en China, el país más poblado del mundo con 1.340 millones de personas, es de 0,6 por millón de habitantes. En comparación, afirma Huang, en España ese índice es de 35 por millón. La falta de entusiasmo chino puede atribuirse, entre otros factores, al arraigo de la creencia tradicional en la reencarnación. Muchos exigen ser enterrados con todos sus órganos, ya que creen que les harán falta en la siguiente vida. A ello se suma la desconfianza que suscita un sector susceptible a la corrupción y a las malas prácticas, que genera un pingüe negocio ilegal de tráfico de órganos, incluso por Internet. En 2007, el Gobierno prohibió el trasplante de órganos procedentes de personas vivas —excepto en el caso de familiares cercanos— y el comercio de órganos.

“No podemos negar que hay dos razones detrás del lento desarrollo de la donación de órganos en China”, afirmó Huang. “Además de la falta de entusiasmo debida a la mentalidad tradicional, a la gente le preocupa si los órganos se adjudicarán de manera justa, abierta y transparente” a los pacientes que lo necesiten, explicó el alto cargo.

No es la primera vez que el Gobierno chino, y en concreto Huang, asegura que pondrán fin a la extracción de órganos de los ejecutados. El año pasado, el exviceministro ya prometió que esa práctica se extinguiría gradualmente en un plazo de dos años a partir de noviembre de 2013 y sería sustituida por un programa de donantes voluntarios, que se puso en marcha en 2010. Según las cifras facilitadas por los medios oficiales chinos, 38 centros de los 169 autorizados para trasplantes ya rechazan los órganos procedentes de presos sometidos a la pena capital, y este año se han recibido 1.500 donaciones, más que la suma de las obtenidas entre 2010 y 2013.

China mantiene en secreto el número de presos que ejecuta cada año. En un informe publicado en octubre, la organización pro derechos humanos Dui Hua, con sede en San Francisco (EE UU), calculaba que el año pasado fueron 2.400, un 20% menos que en 2012. La República Popular ejecuta, según esta organización, a más presos que el resto del mundo junto, aunque la cifra ha disminuido gradualmente desde 2007.

Las organizaciones de derechos humanos consideran la extracción de órganos de presos ejecutados una forma de abuso y denuncian que las autoridades chinas presionan a los condenados a muerte para que autoricen la donación, o utilizan los órganos sin el consentimiento de los fallecidos o de las familias de éstos. El Gobierno siempre lo ha negado.

En un artículo publicado en 2012 en la revista especializada británica The Lancet, y del que Huang era uno de sus autores, se aseguraba que “el 65% de los trasplantes que se llevan a cabo en China proceden de personas fallecidas, y de éstos el 90% provienen de prisioneros ejecutados”.