Reportaje: La 'primavera' aún pesa

Túnez ha celebrado el primer aniversario del comienzo de la primavera árabe, el movimiento social que se lanzó a la calle para pedir reformas y que forzó la salida del presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011. El movimiento solo duró unas semanas, pero paralizó la economía del país y generó cambios estructurales que todavía pasan factura al aparato productivo local. Las estimaciones no oficiales hablan de un coste de unos 5.000 millones de dólares, aproximadamente el 10% del PIB.

Las revueltas impulsaron un nuevo Gobierno, pero sembraron la incertidumbre y la desconfianza en los mercados internacionales y en las empresas extranjeras, y asestaron un duro golpe al turismo, uno de los principales motores de su economía. Casi un centenar de empresas se han marchado del país en este año y la inversión extranjera directa (IED) ha caído en torno al 20%. En el caso del turismo, los visitantes extranjeros se han reducido a la mitad. El sector servicios representa el 50% del PIB, por lo que su efecto en el empleo ha sido importante y ha superado el 20% en las zonas urbanas.

Los problemas de Túnez también se ven agravados por la contracción del comercio exterior, la otra mitad de su economía. Los mayores socios comerciales del país son Francia, Italia, Alemania, España y Libia, cuyas economías no pasan por su mejor momento y representan el 65% del conjunto de sus exportaciones e importaciones. A la crisis de deuda europea se suma el vía crucis que vive Libia para reconstruir el país después de la guerra civil que terminó con el Gobierno de Muamar el Gadafi.

Esto ha generado que el país registrase un crecimiento cero en el ejercicio de 2011, según las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), después de superar los tres primeros años de la crisis mundial con un crecimiento medio anual del PIB del 3,8%. Con estos datos, la principal tarea que ha asumido el nuevo Ejecutivo es estabilizar la economía y terminar con la corrupción estatal que cuesta al país unos mil millones anuales. El actual Gobierno debe además cumplir con la promesa de redistribuir la riqueza y mejorar las prestaciones sociales, el detonante de las revueltas de enero de 2011.

La Administración se ha comprometido a aumentar el gasto público en más de un 10%, recursos que se destinarían a generar oportunidades de empleo, apoyo a la promoción de la actividad económica y creación de incentivos fiscales para revitalizar el sector turístico. El objetivo también es invertir más recursos en educación y sanidad. No obstante, desde el FMI se ha advertido que los nuevos Gobiernos de Túnez, Libia y Egipto deben controlar el gasto público para asegurar la sostenibilidad de estas políticas sociales a medio plazo.

Con todo, Túnez ha logrado, de momento, mantener la inflación bajo control en un 3,5% durante 2011 y con perspectivas de quedarse en el 4% en este curso. A pesar de las turbulencias internacionales, los expertos han valorado positivamente los primeros pasos de la economía tunecina hacia su recuperación. Incluso las agencias de riesgo podrían mejorar su clasificación crediticia en los próximos meses. Los datos preliminares indican que el país podría llegar a un crecimiento del 3,9% en 2012, aunque sea, principalmente, por el efecto escalón tras el crecimiento cero del año anterior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de enero de 2012